lunes, 27 de abril de 2009

Fiscales Mexicanos se entrenan en EU para su nuevo sistema legal...


¿Hasta que punto será inteligente y prudente asumir un sistema adversarial extranjero en el sistema penal mexicano? ¿Hasta que punto podremos incorporar el sistema de los keynesianos, basado en la palabra y en el trabajo arduo de los americanos al sistema heredado de la España de Cortés y su mestizaje (el que no transa, no avanza y así como digo una cosa, digo otra y "están locos todos)"?,....
Por si queremos plantearnos más dudas. Leamos las diferencias entre la ética protestante planteadas por John Maynard Keynes.
Esto también refleja, el innegable fracaso de los sistemas de capacitación y actualización mexicanos- inherentes a sus instituciones propias - en materia de procuración de Justicia, puesto que la propia autoridad tiene que conducir a sus estudiantes al extranjero a aprender las habilidades y los recursos que serán propios de su labor futura.
¿Que confianza podemos tener en los Institutos de Capacitación, en los Institutos de Ciencia, en las Universidades, públicas y privadas, si las propias autoridades que las auspician no las tienen???. Aquí va la nota.
FISCALES MEXICANOS SE ENTRENAN EN EU. PARA SU NUEVO SISTEMA LEGAL
Vid sitio: http://noticias.prodigy.msn.com/nyt.aspx?cp-documentid=19416633#toolbar consultado el 27 de Abril de 2009. Día en que se ordenó la suspensión de clases a nivel nacional.
AUSTIN, Texas. Tampoco fue mala. No le formulen preguntas al testigo de las cuales no sepan de antemano su respuesta. El consejo, familiar para cualquier seguidor del drama en tribunales, fue muy bienvenido, dijeron los fiscales mexicanos, aunque, a veces, un poco confuso. "Esto es totalmente nuevo", dijo Hernández, uno de los fiscales de Oaxaca, más tarde.
AUSTIN, Texas.- Luz María Hernández se reclinó en su silla y dejó salir un suspiro de alivio después de haber hecho algo que nunca antes había hecho, pese a lo que casi fueron dos décadas que pasó como fiscal en México. Ella pronunció una declaración inicial.
Tampoco fue mala. Voz firme, hechos asentados con efectividad, pero no le vendría mal un poco más de emoción, decía su evaluación; no del juez o jurado sino de un grupo de fiscales estatales de Estados Unidos que la asesoran tanto a ella como a otros fiscales mexicanos con respecto a los intrincados detalles de los juicios al estilo estadounidense.
No le formulen preguntas al testigo de las cuales no sepan de antemano su respuesta. Aprovechen los detalles emocionales en el caso para los argumentos de apertura o de cierre. Formulen preguntas de forma que el testigo tenga muy poco espacio de maniobra más allá de responder "sí o "no".
El consejo, familiar para cualquier seguidor del drama en tribunales, fue muy bienvenido, dijeron los fiscales mexicanos, aunque, a veces, un poco confuso.
"Esto es totalmente nuevo", dijo Hernández, uno de los fiscales de Oaxaca, más tarde. "Me sentía un poco nervioso por aquí. Sin embargo, las críticas nos permiten conocer nuestros errores en la forma que nos expresamos y nos presentamos, así que es muy positivo para nosotros".
En un hotel de la localidad, fiscales estadounidenses le entregaron tanto a ella como a 24 fiscales estatales de México los expedientes de un viejo caso de asesinato y después los pusieron a escuchar conferencias, participaron en sesiones de práctica y críticas videograbadas como parte de un programa enfocado a capacitar a los jueces para cambios que se están haciendo en su sistema de justicia penal.
En lo que algunos expertos dicen que no está nada lejos de una revolución, México está abandonando de manera gradual su antiguo sistema napoleónico de inquisiciones escritas, a puerta cerrada -- en buena medida, legado de un dominio colonial de los españoles _, mismo que había ya había sido criticado largo tiempo atrás por estar plagado de corrupción, decisiones opacas, abuso de los acusados y burocracia que empantanaba los casos por varios años.
Más bien, por vez primera, se presumirá la inocencia de los acusados hasta que se demuestre su culpabilidad, en vez de lo contrario, como ocurre actualmente. La policía recurrirá a más tácticas forenses y un meticuloso sistema para recabar los hechos. Las negociaciones para declararse culpable de delitos menores a cambio de que la fiscalía retire cargos más serios, la mediación y la libertad condicional, nunca antes probados en México, se convertirán en la norma.
Aunado a lo anterior, en lo que muchos consideran uno de los mayores avances, las salas de juzgados se abrirán de par en par para la opinión pública en juicios orales ante tres jueces, en los cuales las víctimas y los acusados podrán carearse mutuamente y se darían a conocer las pruebas abiertamente.
En los cuatro estados de la República Mexicana que han adoptado estos cambios -- Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León y Baja California -- ya se han llevado a cabo un puñado de juicios de este tipo.
Algunos jurisconsultos destacaron que los juicios avanzan a un paso mucho más vigoroso en días, en vez de meses. No obstante lo anterior, grupos de activismo por abogados privados se han quejado de que la capacitación para ellos y para los investigadores ha sido escasa y los juzgados físicamente insuficientes para darle cabida a los juicios.
El esfuerzo por darle mayor apertura y transparencia al sistema mexicano tiene el objetivo de apuntalar la confianza popular en la justicia penal y acabar de raíz con los efectos de la delincuencia organizada, misma que, creen muchos expertos legales y otros, manipula el sistema a su favor.
Los promotores del nuevo sistema, que se propone abarcar a los 31 estados mexicanos para el año 2016, arguyen que un eficiente poder judicial puede desempeñar una participación para detener la ilegalidad. Grupos no-gubernamentales han estimado que la gran mayoría de los casos criminales en el país queda sin resolver.
A lo largo del año pasado, una ola de sangrienta violencia de cárteles de las drogas mató a más de 7,000 personas. Los crímenes de los cárteles tienden a ser investigados al nivel federal, mismo que estará integrando los cambios de manera gradual en los próximos años.
Estos cambios, exigidos desde hace ya largo tiempo atrás por grupos de los derechos humanos, son similares a reformas en una docena de otros países latinoamericanos.
"El sistema está en crisis", dijo Carlos F. Nataren, catedrático de leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. "no deja satisfechas a ninguna de las partes. No hay eficiencia para combatir a la delincuencia, y es un área en la cual encontramos una violación sistema de los derechos".
Guillermo Trejo, uno de los fiscales de Chihuahua que asistió a la capacitación en este lugar la semana pasada, dijo que le daba la bienvenida al escrutinio público.
"La opinión pública será capaz de ver quién es competente y quién no, así como la evidencia y los testimonios que nos presentamos al juzgado", comentó Trejo. "Eso, sencillamente, no se hacía en el viejo sistema".
Esta sesión, con 27 abogados mexicanos provenientes de tres estados, los cuales tenían la autorización de dependencias federales encargadas de la ley en Estados Unidos, fue organizada por la Conferencia de Procuradores Generales y la Asociación Nacional de Procuradores Generales, que, juntas, estarán capacitando a varios cientos de fiscales en los próximos años.
Lo anterior forma parte de siete millones de dólares que la Dependencia Estadounidense para Desarrollo Internacional, una rama del Departamento de Estado, suministró a lo largo del año pasado para respaldar el cambio en el sistema judicial de México. Se planean varios millones de dólares adicionales para el año entrante.
Los fríos seminarios de "Paper Chase" pero el entrenamiento aquí no lo fue. Se distribuyeron barras de chocolate y golosinas a quienes daban buenas respuestas. Para los fiscales mexicanos, el dominio del arte de los interrogatorios cruzados era el aspecto que mayor problema representaba. "Con mucha frecuencia, nosotros ni siquiera veíamos al acusado", notó José Carlos González, fiscal de Chihuahua, refiriéndose al viejo sistema.
De manera similar, algunos de los fiscales mexicanos se sintieron incómodos con la idea de inyectarle emoción a sus declaraciones, teniendo en cuenta que, en su país, tres jueces bien versados en leyes, y no un jurado de ciudadanos comunes, estarían oyendo sus casos.
No obstante, Carlos Guzmán, uno de los fiscales de la procuraduría general de Florida, dijo que la emoción y la narración de historia podían ser persuasivas, sin consideración al público.
"Los jueces son seres humanos", le dijo Guzmán a un grupo de fiscales en una de las sesiones. "Sean o no jueces, ellos van a reaccionar de diferentes maneras a la forma en que oyen el caso".

Denuncian en España letargo ante feminicidios

Esta nota es altamente interesante y versa sobre la percepción internacional respecto a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, México. Es realmente doloroso apercibirse de ello,....

Denuncian en España letargo ante feminicidios
Ana AnabitarteCorresponsal El Universal Lunes 27 de abril de 2009
El pasado diciembre, el abogado español Emilio Ginés, experto en derechos humanos y miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, viajó por primera vez a Ciudad Juárez, Chihuahua. Conoció de cerca el drama
MADRID.— El pasado diciembre, el abogado español Emilio Ginés, experto en derechos humanos y miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, viajó por primera vez a Ciudad Juárez, Chihuahua. Conoció de cerca el drama que se vive en ese lugar, donde desde hace más de una década han sucedido violaciones, torturas y asesinatos de más de mil mujeres, sin que haya habido una sola sentencia condenatoria.
“Allí vi lo que significa la inacción del Estado, la falta de medios para acceder a la justicia y cómo las víctimas están convencidas de que prevalecerá la impunidad, de que se van a archivar las causas por falta de actuación gracias a un sistema judicial en el que las partes no tienen capacidad de dirigir la acusación”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.
Cuestionado sobre si pasó miedo en aquel viaje, respondió: “Por supuesto que da miedo llegar a un lugar donde el gobernador es cuñado de uno de los principales narcos del país”.
A su regreso a España, decidió ayudar a familias de las víctimas de Juárez.
En nombre del Consejo General de la Abogacía de España —máximo órgano de abogados de este país—, Ginés apoyó a los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña, pertenecientes a la Asociación Civil de Abogados Democráticos, con la demanda presentada contra el gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mañana martes se celebrará la vista oral en Santiago de Chile, y hasta allí viajará Ginés para dar asesoría.
La causa tratará sólo uno de los muchos crímenes ocurridos en Juárez: el del Campo Algodonero donde el 6 de noviembre de 2001 ocho mujeres fueron asesinadas y sus cadáveres arrojadas a la calle.
Sólo se enjuiciarán los asesinatos de tres de ellas: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos, porque, aunque se encontraron los cadáveres de ocho, cinco cuerpos no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación.
Juicio internacional
Esta será la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebre un juicio sobre feminicidio y en el caso de que falle en contra del gobierno mexicano, será la primera vez que haya una sentencia condenatoria.
“El sistema judicial mexicano no funciona y eso es lo que ha permitido la impunidad, porque legitima al que quiere matar, que tiene todas las facilidades”, aseguró.
“Hay un juego en el que se dice que la estructura federal no puede imponerse a la local, que la PGR no puede operar en Chihuahua. Y mientras los fiscales de Chihuahua son nombrados por el gobernador Reyes Baeza, quien es a su vez cuñado del mayor narco de la región, las mujeres siguen siendo asesinadas”, dijo.

Mañana está prevista la vista oral en Santiago de Chile y no en San José de Costa Rica, que es donde está la sede de la CIDH.
Tras la vista oral habrá 40 días para presentar argumentos finales y después la corte dictará su sentencia, según Héctor Faúndez, catedrático de derecho internacional.
“El Estado mexicano ha incumplido su obligación de investigar los asesinatos, de buscar a los responsables, de reparar a las víctimas y a sus familias y ha incumplido la Convención Americana de Derechos Humanos”, denunció Faúndez.


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